Entrevistas
Stefano Sotgiu De las urnas a los tribunales: Repensar el derecho de participación
Durante más de 25 años, Stefano Sotgiu ha trabajado en la intersección de las políticas públicas, la innovación jurídica y la democracia deliberativa. Como Presidente de Prossima Democrazia y socio del proyecto INSPIRE de Horizon Europe, aporta una aguda perspectiva jurídica al cambiante panorama de la participación ciudadana. En esta entrevista, analiza qué significa realmente tener «derecho a participar» y por qué la democracia necesita algo más que votos: necesita infraestructura, estrategia y coraje.
Uno de los conceptos fundamentales en este campo es el derecho a participar. ¿Podrías definírnoslo?
El derecho a participar es un derecho humano fundamental, reconocido por marcos internacionales clave como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como por muchas constituciones nacionales. Se asocia más comúnmente con el derecho a votar a los representantes electos, pero su alcance es mucho más amplio: incluye el derecho a participar directamente en la configuración de las políticas públicas, en particular las relacionadas con el medio ambiente. Este derecho se vio considerablemente reforzado con la ratificación de la Convención de Aarhus a principios de la década de 2000, que obliga a los Estados a informar e implicar a los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones medioambientales.
¿Cuáles son los instrumentos que permiten ejercer este derecho?
Los instrumentos varían según los ordenamientos jurídicos. En Italia, por ejemplo, tenemos las Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) y las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA). Estos mecanismos no son sólo requisitos legales, sino también oportunidades para incluir a los ciudadanos en la evaluación de los proyectos públicos y sus consecuencias ecológicas. Y lo que es más importante, estas herramientas pueden rediseñarse o adaptarse para que sean más integradoras y participativas.
¿Qué acciones pueden emprender los ciudadanos para hacer valer su derecho a participar?
Hay una amplia gama de acciones a disposición de los ciudadanos: pueden formar comités, organizar asambleas ciudadanas, proponer iniciativas legislativas populares, recoger firmas para peticiones o promover referendos. Estos instrumentos también pueden combinarse para crear procesos de participación más impactantes e informados. La clave está en activar estos derechos de forma colectiva y estratégica.
¿Las acciones legales, como los litigios contra el Estado o una empresa, pueden considerarse también una forma de participación?
Sí, absolutamente. En algunos casos, la acción legal se convierte en la forma final y más decisiva de participación.
El litigio estratégico puede elevar cuestiones públicas al nivel judicial, lo que lleva al reconocimiento de nuevos derechos o a la anulación de acciones ilegítimas a través de la jurisprudencia.
El litigio estratégico puede elevar cuestiones públicas al nivel judicial, lo que lleva al reconocimiento de nuevos derechos o a la anulación de acciones ilegítimas a través de la jurisprudencia. Es una herramienta poderosa cuando se han agotado o ignorado todas las demás vías de participación.
Hablemos de organización ciudadana. En Barcelona, los miembros de la Asamblea Ciudadana por el Clima están formando una asociación para aumentar su impacto. ¿Qué opina de este tipo de asociaciones creadas por ciudadanos elegidos al azar?
Es una evolución natural y alentadora de la ciudadanía activa. Estamos viendo una evolución similar en Bolonia, donde los miembros de la Asamblea Ciudadana por el Cambio Climático también están creando una asociación para supervisar la normativa local. Estas iniciativas muestran una creciente concienciación y un compromiso a largo plazo entre los ciudadanos. Es una señal positiva de que las experiencias deliberativas no son hechos aislados, sino el principio de un compromiso cívico sostenido.
¿Puede hablarnos de la Asamblea Ciudadana de Social Parenthood en Milán?
Sí, fue una iniciativa importante llevada a cabo en el marco de un proyecto financiado con fondos europeos, en colaboración con la Associazione Luca Coscioni y Humans. Creamos una asamblea ciudadana para abordar el tema de la paternidad social, incluyendo deliberadamente una diversidad de perspectivas, tanto laicas como religiosas. Las recomendaciones generadas por la asamblea están siendo revisadas por las instituciones pertinentes. Y lo que es más importante, observamos cambios reales en las opiniones de los participantes a lo largo del proceso, un claro indicador de diálogo significativo y entendimiento mutuo.
¿Cree que esta experiencia podría servir de prototipo para abordar la polarización política y social?
Por supuesto. Fue un experimento audaz y democrático, en el que participaron organizaciones de la sociedad civil con puntos de vista fuertes y a veces opuestos. En lugar de evitar conversaciones difíciles, el proceso situó la democracia en el centro. Demuestra cómo los formatos participativos y deliberativos pueden enriquecer la vida democrática y permitir a las organizaciones de la sociedad civil desempeñar un papel público constructivo.
¿Cómo podemos fomentar una cultura democrática en medio de tantas iniciativas y experimentos diferentes?
En primer lugar, debemos financiar adecuadamente los procesos participativos y deliberativos. Las instituciones deben apoyar (no sólo tolerar) las iniciativas autónomas de los ciudadanos, y eso incluye proporcionar respaldo financiero. Debemos invertir en espacios y recursos humanos dedicados a la democracia. Los participantes deben ser compensados por su tiempo y sus contribuciones, ya que están desempeñando una función pública. Actualmente, los recursos son escasos o están concentrados en manos de unas pocas instituciones. Necesitamos una inversión pública más amplia y justa en participación cívica para garantizar que más ciudadanos estén realmente incluidos en los procesos democráticos.
Estamos de acuerdo en que el litigio puede representar la forma final y más decisiva de participación ciudadana. ¿Podría ampliarnos cómo se convierte no sólo en una herramienta jurídica, sino en un gesto político e incluso poético de acción democrática? ¿Pueden servir los tribunales como nuevas arenas deliberativas?
El litigio estratégico no es un mero mecanismo jurídico, sino que puede ser un acto vibrante, público y a veces poético de afirmación democrática. Los tribunales, a través de sus estructuras deliberativas, pueden de hecho servir como nuevos escenarios para la contestación democrática, el debate razonado y la continua reimaginación de la justicia y la comunidad. No pueden sustituir a las arenas políticas, pero pueden establecer derechos y ayudar a abrir un amplio debate sobre temas democráticos candentes y controvertidos.
¿Qué ocurre cuando una asamblea ciudadana formula recomendaciones contundentes, pero las instituciones no actúan? ¿Ve potencial en combinar las asambleas con mecanismos legales de seguimiento, como litigios dirigidos por los ciudadanos o defensores del pueblo independientes encargados de supervisar la respuesta institucional?
Aunque las asambleas de ciudadanos por sí solas no pueden garantizar la actuación institucional, combinarlas con litigios promovidos por los ciudadanos y con una supervisión independiente -como defensores del pueblo encargados de supervisar las respuestas- ofrece una vía prometedora para reforzar la rendición de cuentas y la renovación democrática.
Estos mecanismos pueden transformar las asambleas de ejercicios consultivos en catalizadores de un cambio significativo, garantizando que la voz colectiva de los ciudadanos no sólo se escuche, sino que también se actúe en consecuencia como resultado de una acción ejemplar.
Estos mecanismos pueden transformar las asambleas de ejercicios consultivos en catalizadores de un cambio significativo, garantizando que la voz colectiva de los ciudadanos no sólo se escuche, sino que también se actúe en consecuencia como resultado de una acción ejemplar.
Los jóvenes recurren cada vez más a los tribunales cuando la política no responde a la crisis climática. ¿Cómo ve la relación entre los litigios climáticos liderados por jóvenes y la democracia participativa? ¿Podrían servir las asambleas ciudadanas como plataforma de lanzamiento o complemento de estas estrategias jurídicas?
Los litigios climáticos liderados por jóvenes y las asambleas ciudadanas no son enfoques contrapuestos, sino pilares de la democracia participativa que se refuerzan mutuamente. Las asambleas pueden empoderar e informar las estrategias legales, mientras que los litigios pueden hacer cumplir y elevar los resultados de la deliberación ciudadana. Juntos, ofrecen una respuesta dinámica a los déficits democráticos expuestos por la crisis climática, garantizando que los jóvenes tengan tanto voz como medios para exigir responsabilidades y acción
En un contexto en el que avanzan las tendencias autoritarias, ¿qué papel pueden desempeñar los deliberadores (ciudadanos que participan de forma estructurada e inclusiva)? ¿Pueden los procesos deliberativos ofrecer una forma de resistencia o resiliencia democrática?
En efecto, los deliberadores pueden ser agentes vitales de resistencia y resiliencia democráticas cuando avanza el autoritarismo. A través de una participación estructurada e inclusiva, mantienen vivos el espíritu y la práctica de la democracia: desafían la dominación, sostienen la razón pública y construyen los cimientos cívicos necesarios para una eventual renovación democrática. Aunque no son una panacea, los procesos deliberativos ofrecen herramientas prácticas y simbólicas para defender y reimaginar la democracia bajo presión.
En el piloto de Alghero del proyecto INSPIRE, los residentes locales se enfrentan a un conflicto entre los objetivos climáticos y la justicia espacial: las empresas de energías renovables están ocupando edificios y terrenos públicos sin una participación ciudadana significativa. ¿Qué espera de este proceso? ¿Puede convertirse en un modelo para conciliar la urgencia medioambiental con la legitimidad democrática y el control local?
El proyecto piloto INSPIRE de Alghero se encuentra en una encrucijada: puede reforzar las pautas existentes de desarrollo de arriba abajo o convertirse en un modelo pionero para conciliar la urgencia medioambiental con la legitimidad democrática y el control local. El éxito dependerá de la profundidad de la participación ciudadana, la solidez de los mecanismos de supervisión y la capacidad de equilibrar los objetivos climáticos con los derechos y aspiraciones de las comunidades locales. Los requisitos previos son el esfuerzo municipal y el compromiso del tercer sector a la hora de implicar a los ciudadanos y a los usuarios de la ciudad en una primera fase en el debate público y después en el seguimiento y la aplicación de las medidas adoptadas.
