Futuros
Propuesta de Consejo Ciudadano permanente para reforzar la democracia a través de la participación
Comparecimos en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales del Congreso de los Diputados el pasado 17 de marzo para presentar nuestra propuesta de Consejo Ciudadano permanente [Sesión nº 11-17/03/2026]
Empezamos recordando la figura de Jürgen Habermas, que resulta hoy especialmente pertinente, defendiendo que la legitimidad democrática no se sostiene únicamente en el acto electoral, sino en la calidad de los procesos de deliberación pública que lo preceden.
Y que una participación ciudadana bien diseñada contribuye a mejorar la legitimidad de las decisiones públicas, fortalecer la confianza institucional e integrar conocimiento social distribuido en la elaboración de políticas.
Experiencias que ya están transformando la democracia
A partir de este marco, la comparecencia incorporó referencias a experiencias actuales que muestran cómo la deliberación ciudadana puede integrarse de manera efectiva en el funcionamiento institucional:
- Ostbelgien, en Bélgica, y su Consejo Ciudadano vinculado al Parlamento regional, encargado de activar procesos deliberativos de forma recurrente.
- Irlanda, donde las asambleas ciudadanas han desempeñado un papel relevante en la articulación de reformas constitucionales.
- Open Ministry, en Finlandia, ha permitido que la ciudadanía participe directamente en procesos legislativos con efectos concretos. Un ejemplo de cómo la deliberación puede convertirse en infraestructura estable si se apoya en plataformas digitales de participación, demostrando que las prácticas culturales son también prácticas democráticas.
Límites actuales de la participación democrática
Los datos refuerzan nuestra lectura. Solo un 22,5 % de la población ha participado activamente en política en el último año, pese a que más del 80 % estaría dispuesta a implicarse si tuviera la oportunidad. Esta diferencia no apunta a una falta de interés, sino a una insuficiencia en el diseño de los mecanismos existentes. Por ello, planteamos un análisis basado en tres grandes ámbitos de actuación:
En primer lugar, la brecha entre participación e influencia real en las decisiones públicas. Aunque se han multiplicado los canales participativos, defendemos que no siempre existe una conexión clara entre las aportaciones ciudadanas y su impacto en el proceso político. Una desconexión que a la larga contribuye a generar frustración y debilita la confianza en las instituciones. Algo que debemos evitar a toda costa.
En segundo lugar, destacamos la necesidad de reforzar la cultura democrática por medio de la educación aplicada. La participación efectiva requiere capacidades que no siempre están suficientemente desarrolladas, especialmente entre los sectores más jóvenes. La democracia implica competencias como la deliberación, la escucha y la construcción colectiva de soluciones, que deben ser aprendidas y practicadas.
En tercer lugar, subrayamos la importancia de diversificar los formatos de participación. Las formas tradicionales no siempre resultan accesibles o significativas para todos los sectores sociales. Por ello, la incorporación de metodologías basadas en prácticas culturales, como el teatro legislativo, permite ampliar los lenguajes de la deliberación y facilitar la implicación de públicos más diversos.
Propuesta: hacia un Consejo Ciudadano del Congreso
Por tanto, proponemos explorar la creación de un Consejo Ciudadano del Congreso de los Diputados. Un órgano permanente donde ciudadanos y ciudadanas seleccionados mediante sorteo cívico pudieran definir una agenda de deliberación pública sobre cuestiones públicas complejas mediante la convocatoria de asambleas o diálogos ciudadanos, que trasladen de manera vinculante sus recomendaciones (al menos para ser debatidas y votadas) a las comisiones parlamentarias correspondientes.
Este órgano estaría compuesto por ciudadanía seleccionada mediante sorteo cívico y tendría la función de activar procesos deliberativos sobre cuestiones públicas relevantes, definiendo agendas de trabajo y trasladando sus recomendaciones al Parlamento para su consideración en el proceso legislativo.
La propuesta plantea avanzar hacia un modelo en el que la participación ciudadana no sea episódica, sino integrada de forma estable en la arquitectura institucional. Para ello, se considera fundamental garantizar la continuidad de los procesos, la trazabilidad de las aportaciones ciudadanas y la combinación de herramientas digitales con metodologías participativas diversas.
El fortalecimiento de la democracia pasa por reconocer que la inteligencia colectiva de la sociedad constituye un recurso esencial para la toma de decisiones públicas. Integrarla de manera efectiva no es únicamente una cuestión de innovación institucional, sino una condición para garantizar la legitimidad y la resiliencia del sistema democrático en el futuro.
